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Participar en la fijación de las demarcaciones territoriales de los órganos jurisdiccionales en las Illes Balears y en la ubicación de su capitalidad. La Red social Autónoma participará asimismo, de acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Judicial, en la creación o la transformación del número de partes o juzgados en el ámbito de su territorio. La organización y el funcionamiento del Ministerio Fiscal corresponden íntegramente al Estado, según con las leyes en general.

¿Quién gobierna en las Islas Baleares?

Francina Armengol Socías

El presidente del Gobierno de las Islas Baleares (en catalán: president del Govern de les Illes Balears) es la persona que ostenta la jefatura de gobierno y la máxima representación institucional de las Islas Baleares, una de las diecisiete comunidades autónomas que forman España.

El Municipio de Palma tiene idea para ofrecer la modificación de este régimen especial y, de acuerdo con las leyes y el Reglamento del Parlamento, debe participar en la elaboración de los proyectos de ley que influyen en este régimen especial y debe ser consultado en la tramitación parlamentaria de otras iniciativas legislativas sobre su régimen especial. Los municipios están en su derecho a asociarse con otros y a colaborar entre ellos y con otros entes públicos para ejercer sus competencias y para cumplir tareas de interés común.

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Sin perjuicio de las competencias que correspondan al Tribunal de Cuentas, la Sindicatura de Comptes es el órgano al cual corresponde la fiscalización externa de la actividad económica, financiera y contable del campo público de las Illes Balears. Una ley del Parlamento regulará su composición, la designación de sus integrantes, su organización y sus funcionalidades. En el ejercicio de las competencias propias, los municipios van a estar sujetos al control de constitucionalidad y legalidad. Este Estatuto garantiza a los municipios la autonomía para el ejercicio de sus competencias propias, bajo su compromiso y en defensa de los intereses de la colectividad que representa. No obstante lo establecido en el parágrafo previo, tratándose de la coordinación de la actividad que ejercen los Consejos Insulares en las competencias que tienen atribuidas como propias, va a deber contar con la necesaria participación de exactamente los mismos.

Para el traspaso de las funciones y servicios inherentes a las competencias atribuidas como propias a los Consejos Insulares a que hace referencia el producto 70 del presente Estatuto, se creará una Comisión Mezclada de Transferencias Gobierno-Consejos Insulares que tendrá carácter paritario. Esta Comisión tendrá su Reglamento de funcionamiento, que se aprobará por mayoría simple de sus elementos. Los acuerdos de la Comisión Mixta de Transferencias tomarán la forma de propuesta al Gobierno de las Illes Balears, que las aprobará mediante Decreto de traspaso, que se publicará en el Butlletí Oficial de les Illes Balears y en el que figurará la fecha de eficiencia del traspaso de las funciones y servicios a que concierna. Para garantizar lo previo, en esa ley se regulará un instrumento financiero que, con independencia del sistema de financiación de la Comunidad Autónoma, dote los fondos necesarios para su aplicación.

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Si se aprueba, el Presidente y su gobierno cesarán en sus funcionalidades, y el candidato que se haya incluido en ella será nombrado Presidente por el Rey. Si el Parlamento le niega la confianza, el Presidente presentará su dimisión frente al Parlamento, cuyo Presidente convocará, en el período máximo de quince días, la sesión plenaria para la decisión de un nuevo Presidente de la Red social Autónoma, de acuerdo con el trámite que se prevé en el producto 54 de este Estatuto. El Presidente va a poder delegar temporalmente funciones ejecutivas y de coordinación en ciertos miembros del Gobierno. El Parlamento, a través de ley, creará la institución de la Sindicatura de Greuges para la defensa de las libertades y de los derechos fundamentales de los ciudadanos, de esta forma como para supervisar y también investigar las actividades de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. El Síndico va a ser elegido por el Parlamento, por la mayoría favorable de las tres quintas partes de los Miembros del congreso de los diputados de la Cámara.

Promoción de la salud en todos los campos, en el marco de las bases y la coordinación general de la sanidad. Ordenación farmacéutica, en el contexto de lo que dispone el número 16, apartado 1, del artículo 149 de la Constitución.

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El nombramiento de magistrados, jueces, fiscales y secretarios que deban prestar servicios en las Illes Balears se efectuará en la manera prevista en la Ley Orgánica del Poder Judicial a que hace referencia el producto 122 de la Constitución. Corresponde al Parlamento de las Illes Balears el control de la radiotelevisión pública de las Illes Balears a través de una comisión parlamentaria. Los medios públicos de comunicación orientarán su actividad a la promoción de la civilización de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera. Las instituciones de las Illes Balears garantizarán la imparcialidad, la pluralidad y la veracidad informativa de los medios públicos de comunicación.

Todos y cada uno de los medios de comunicación baleares, públicos y privados, están sujetos a los valores constitucionales y estatutarios. Corresponde al Gobierno de las Illes Balears, en las materias de su competencia, el ejercicio de la actividad de fomento, sin perjuicio de la actividad que corresponda al Estado. Los Consejos Insulares, además de las competencias que les tocan según lo que se prevé en este Estatuto, van a tener las facultades de administración y ejecución en nuestro territorio de las decisiones del Gobierno de las Illes Balears en el momento en que corresponda. Las competencias establecidas en este Estatuto se entienden referidas al ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.

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Los ayuntamientos tienen en el campo de este Estatuto y de las leyes, libertad plena para el ejercicio de su iniciativa en cualquier materia que no esté excluida de su rivalidad o atribuida en única a otra administración o autoridad. En el caso del Consejo Insular de Formentera, que va a ser que viene dentro por los regidores del Municipio de Formentera, no va a ser preceptiva la presencia de consejo ejecutivo. La Ley de Consejos Insulares o una ley concreta va a poder detallar, en su caso, singularidades de régimen jurídico y de organización propias para el Consejo Insular de Formentera. Designar, en aplicación del método de representación proporcional, al senador o a los Senadores que tienen que representar a la Comunidad Autónoma de las Illes Balears en el Senado, de acuerdo con lo que establece el artículo 69.5 de la Constitución.

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La delegación de competencias a los municipios debe ir acompañada de los medios económicos, personales y materiales adecuados y suficientes. Servicios sociales y asistencia popular. Desarrollo comunitario e integración.

Si el Parlamento, por el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, otorga la seguridad al candidato, va a ser nombrado Presidente, de acuerdo con lo que se prevé en el apartado 1 de este producto. Se crea en el seno del Parlamento la Comisión General de Consejos Insulares, de composición paritaria Parlamento-Consejos Insulares. Dicha comisión realizará su reglamento que debe ser aprobado por las dos terceras unas partes de sus miembros, y regulará su composición, organización y funcionalidades.

  • Todas la gente tienen derecho a un conveniente tratamiento del mal y a cuidados paliativos, tal como a declarar su intención vital anticipada que deberá respetarse en los términos que establezca la ley.

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Coordinación y demás facultades con relación a las policías locales, en los términos que constituya una ley orgánica. Las Gestiones públicas de las Illes Balears garantizarán el derecho de ingreso a una casa digna de los ciudadanos de las Illes Balears. Por ley se regularán las ayudas para promover este derecho, singularmente a favor de los jóvenes, de la gente sin medios, de las mujeres maltratadas, de la gente dependientes y de aquellas otras en tal caso estén justificadas las ayudas. Todos y cada uno de los ciudadanos de las Illes Balears tienen derecho a participar de forma individual o colectiva en la vida política, económica, cultural y popular de la Red social Autónoma. Los poderes públicos fomentarán la participación de los agentes económicos y sociales del conjunto de la sociedad civil en los asuntos públicos. Sin perjuicio de lo que dispone la legislación básica del Estado, una ley del Parlamento de las Illes Balears regulará el derecho a una buena administración y al ingreso a los ficheros y registros administrativos de las instituciones y Gestiones públicas de las Illes Balears.

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